cms.elfaromotril.es

Categoría: Audio

  • Las organizaciones del sector de frutas y hortalizas de España, Francia e Italia no quieren que se ratifique el acuerdo con Marruecos

    Las organizaciones del sector de frutas y hortalizas de España, Francia e Italia han mostrado hoy su gran preocupación ante el desenlace del proceso de negociación para el acuerdo de libre comercio entre la UE y Marruecos y su impacto en el sector hortofrutícola europeo y han demandado al el Parlamento Europeo que no ratifique el Acuerdo Comercial UE-Marruecos firmado por la Comision Europea en diciembre del 2009.

    Las organizaciones que han participado esta mañana en una Audición en el Parlamento Europeo organizada por el ponente del Informe del Parlamento de este Acuerdo, José Bové, han solicitado a los representantes políticos comunitarios que pongan en marcha las acciones que estén en su mano y que estimen convenientes en defensa de los agricultores europeos y sus cooperativas.

    Para Cooperativas Agro-alimentarias el aumento de las concesiones comerciales en frutas y hortalizas es gravemente lesivo para el sector de la UE, más aún cuando se tiene constancia de la vulneración continuada del acuerdo en vigor. En reiteradas ocasiones se han producido incumplimientos y vulneraciones por parte de Marruecos de las condiciones del actual Acuerdo de Asociación, tanto en lo que se refiere a las cantidades contingentadas como en el pago de los derechos de aduana, que generan profundas distorsiones en los mercados europeos.

    Por ello, agricultores españoles, franceses e italianos consideran imprescindible potenciar y coordinar los controles aduaneros de entrada de los productos de terceros países a la UE en los distintos Estados miembros, para asegurar que los acuerdos se cumplen. Así mismo, se ha de reformar el régimen de precios de entrada de la UE para mejorar su funcionamiento e impedir que se produzcan fraudes en las importaciones.

    Por otro lado, en beneficio de la seguridad alimentaria y de los consumidores europeos, pero también para lograr la mejora de las condiciones de vida y trabajo en los terceros países mediterráneos, Cooperativas Agro-alimentarias considera imprescindible exigir reciprocidad y condicionar la apertura de los mercados europeos al cumplimiento de unos estándares mínimos en materia socio-laboral, ambiental y sanitaria de las producciones de terceros países, que entran en la actualidad en unas condiciones de clara distorsión de competencia.

     

     

  • La Asamblea General de CajaGRANADA ha aprobado las modificaciones al contrato de integración del Grupo BMN

    Granada, 21 de diciembre de 2010

    La Asamblea General de CajaGRANADA ha aprobado esta tarde las modificaciones al contrato de integración del Grupo BMN suscrito por CajaGRANADA, Caja Murcia, Caixa Penedès y Sa Nostra.

    CajaGRANADA ha celebrado Asamblea General Extraordinaria para el examen y aprobación de determinadas modificaciones en el contrato de integración del Grupo BMN. En concreto, el órgano de gobierno de la Caja ha tratado la propuesta del Banco de España de adelantar la mutualización de resultados al 100%, durante el ejercicio de 2011, dado que el contrato firmado preveía un sistema progresivo hasta alcanzar el 100% en 2016. Esta medida contribuye a fortalecer el sistema financiero y dar confianza a los mercados. Se trata con ello de mostrar claramente la voluntad integradora del grupo BMN desde el primer momento. De evidenciar que BMN es un grupo sólido, cohesionado, unitario con la fisonomía que los mercados demandan actualmente. El grupo, se dota, de esta forma, de una rigurosa gobernanza y de una extraordinaria fortaleza financiera.

    Esta mutualización también ha determinado la adaptación de las cuotas de interés. En este sentido, Caja Murcia quedará con un 41% de la sociedad central, Caixa Penedès con un 28%, CajaGRANADA, un 18% y Sa Nostra un 13%. Las modificaciones del contrato han sido aprobadas por la Asamblea General con 142 votos a favor, dos abstenciones y uno en contra, lo que supone un respaldo del 97,93 por ciento de los asistentes con derecho a voto.

    Además, la Asamblea ha aprobado el nuevo organigrama del grupo, en el que CajaGRANADA asumirá la vicepresidencia segunda ejecutiva, además de tres puestos en el Consejo de Administración y dos en la Comisión Ejecutiva.

    La adaptación del sistema de garantías y apoyo mutuo tendrá un carácter irrevocable, su aplicación se extiende a cualquier acreedor y las garantías solidarias de las Cajas también abarcan las obligaciones contraídas por cada una de las entidades.

    El Consejo de Administración del Grupo BMN estará integrado por 17 miembros, de los cuales 14 serán designados a propuesta de las Cajas y 3 tendrán el carácter de independientes. Estos últimos serán Luis de Guindos, Josep Manuel Basáñez y Miguel Ángel Cabello, los tres con una amplia experiencia profesional y empresarial y un elevado conocimiento del sector financiero.

    Principios de gobierno del Grupo BMN

    Los principios que van a regir el modelo de gobierno de la Sociedad Central son cuatro:

    1. El principio de integración, con el objetivo de favorecer la cohesión y el posicionamiento del Grupo.

    2. El principio de potenciar la gobernabilidad común entre todas las cajas del Grupo.

    3. El principio de representatividad, a fin de que todas las cajas estén representadas en los órganos de gobierno (Junta General de Accionistas y Consejo de Administración) y Comisión Ejecutiva, con independencia de su participación en la Sociedad Central.

    4. El principio de profesionalidad en la gestión, requiere que la mayoría de los miembros del Consejo de Administración sean profesionales con amplia experiencia en el sector financiero.

    Finalmente, en el grupo, la responsabilidad social corporativa se ejercerá con una vocación de transparencia, de participación y de apertura hacia el cliente y la sociedad. El compromiso es integrar en la gestión y en las actuaciones empresariales valores éticos, sociales y medioambientales.

    CajaGRANADA se ha integrado en un grupo financiero de referencia en toda la franja del Arco Mediterráneo. Un grupo que conjuga un sentido empresarial y de negocio, que mantiene el espíritu de servicio y de contribución de las cajas tradicionales, que quiere favorecer la cohesión social, y propone una fórmula societaria ejemplar. Todo ello, con una coherencia estratégica adecuada al entorno y a la coyuntura financiera actual.

  • La Fiscalía pedirá penas de hasta ocho años para los controladores

    EUROPA PRESS.- El fiscal general de Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha manifestado que se van a proponer penas de hasta 8 años de cárcel para los controladores que abandonaron sus puestos de trabajo.

    Conde-Pumpido, que se encuentra en Zaragoza presidiendo una reunión de la Junta de Fiscales, ha resaltado que «el abandono colectivo de un aeropuerto, con la paralización del tráfico aéreo es un delito muy grave penado en la ley de navegación aérea con una sanción de prisión de entre 3 y 8 años. No estamos hablando de un problema laboral porque no se ha utilizando en ningún momento las vías legales sino un abandono premeditado concertado y colectivo de los aeropuertos con un grave daño para ciudadanos y España, por eso las diversas fiscalías han incoado diligencias de investigación».

    El fiscal general del Estado ha precisado que «hay más de 20 diligencias abiertas y más de 400 personas presuntamente responsables de estos hechos» y que, «dado que el ministerio fiscal es único para toda España, pero se ha producido un delito de sedición en cada aeropuerto y eso puede dar lugar a procedimientos distintos», se va a llevar a cabo una labor de coordinación en la reunión de este jueves, «tratando de establecer las reglas por las que el ministerio fiscal incoara los procedimientos y los trasladara a los órganos judiciales correspondientes».

    También ha afirmado que la ley prevé sanciones para todos los controladores implicados, y no sólo para sus dirigentes. «La ley prevé sanciones para todos los que han participado porque han cometido un hecho delictivo, si bien los dirigentes tienen una sanción mayor». El fiscal general ha agregado que «la responsabilidad es de todos los que han participado en el abandono premeditado del aeropuerto con la finalidad deliberada de paralizar el tráfico aéreo».

    Cándido Conde Pumpido ha expuesto que la Fiscalía «simplemente aplicará la Ley». En este sentido, ha explicado que «tenemos una norma que sanciona estos comportamientos para defender el tráfico aéreo y la seguridad de los ciudadanos, y estamos ante una situación similar a la de que todos los médicos abandonasen repentinamente un hospital dejando tirados a los enfermos, es un delito que la ley califica como de sedición y es lo que la fiscalía va a hacer, ponerlos a disposición de los órganos judiciales competentes tras unas investigaciones preliminares que estamos haciendo en este momento», ha aseverado.

    Ha reiterado que «hay más de 20 diligencias abiertas en cada órgano judicial donde exista un aeropuerto en el que se ha producido un hecho delictivo», por lo que habrá que abrir un procedimiento» para coordinarlas.

    ESTADO DE ALARMA

    El fiscal general del Estado ha incidido en que la convocatoria de un estado de alarma es «un hecho constitucional» que «está previsto para situaciones de emergencia en las que se hace necesario acudir a los instrumentos que la Constitución proporciona para resolver un problema que afecta a un gran número de ciudadanos».

    Así, ha expuesto que, en este caso, «existen cientos de miles de perjudicados y nos encontramos ante la paralización de un servicio público esencial, no se han cumplido en absoluto los servicios mínimos y se causa una gran calamidad con situaciones trágicas para una multitud de personas», por lo que «se cumplen los requisitos de constitucionalidad».

    Sobre el hecho de que el estado de alarma se prolongue durante quince días, Conde Pumpido ha recordado que es el plazo que establece la Carta Magna. «La ley orgánica competente ha establecido que en estos casos se pueda contemplar la movilización de aquellos que tendrían que atender el servicio y no lo están haciendo, el código penal militar dice que a las personas movilizadas se les aplica la jurisdicción militar, por lo tanto, los hechos que pudieran cometerse a partir de las 13.00 horas del sábado serían enjuiciados por la ley militar», ha advertido.

    El fiscal general del Estado ha subrayado que «eso es perfectamente constitucional» porque la diferencia entre el estado de alarma y el de sitio es que en el segundo «la jurisdicción militar se extiende a delitos que no son militares, pero en el estado de alarma los delitos que se aplican son estrictamente militares y a personas que, al haber sido movilizadas, se asimilan a militares».

    Por último, ha añadido que la decisión de prorrogar o no el estado de alarma «depende de una autorización del Parlamento y es un tema político sobre el que no me puedo pronunciar».

  • Los jueces consideran que no hay nada ilícito en vender ropa falsificada o cedés y películas piratas

    (artículo extraído de: http://www.lavozdegalicia.es/galicia/2010/11/05/0003_8829333.htm)

    Cualquiera puede vender tranquilo un suéter con un cocodrilo cosido en la pechera imitando a una conocida marca, unas gafas de sol falsificadas o un cedé pirata de Bisbal. Nada le ocurrirá, pues los jueces consideran desde hace algún tiempo que «todo el mundo sabe que el género que ofrecen es de imitación y de peor calidad», que a las marcas «no les supone perjuicio económico alguno» y que la venta ambulante «es lo único que a muchos de los vendedores les da de comer».

    Nada menos que el Tribunal Supremo está de parte de todo aquel que se gana la vida ofreciendo en el puesto de un mercado o en la misma calle un producto que intenta simular o pretende ser lo que no es. Los jueces han entendido que no había razón legal para que los manteros o comerciantes que mueven ese tipo de género fuesen castigados con tal severidad. Eso se acabó. A fuerza de dictar sentencias absolutorias, ya ningún tribunal condena al mantero, ni a prisión ni a indemnizar a las productoras, cantantes o grandes firmas de moda. Ejemplo de cómo se comportan hoy en día los jueces se vio en una sentencia dictada la semana pasada por el Juzgado de lo Penal número 1 de A Coruña, en la que dejaba sin castigo alguno a la propietaria de tres puestos del mercado coruñés de Santa Lucía. Antes del juicio, el representante de la marca Tommy Hilfiger le exigía a la vendedora una indemnización de 27.000 euros. El de Burberry se conformaba con 3.600 euros. No como el de Levi Strauss, que aspiraba a 50.000. En total, esas y otras casas pretendían ser resarcidas con un cuarto de millón de euros. Y el fiscal, por su parte, quería que la procesada fuese condenada a 15 meses de cárcel como autora de un delito contra la propiedad industrial. Defendida por el letrado Ramón Sierra, la mujer ni pisará la cárcel ni tendrá que dar un céntimo a las grandes compañías. El juez, como todos sus colegas, echó mano de la jurisprudencia del Tribunal Supremo para absolver a la imputada.

    Cuestión de orden público

    En otra sentencia reciente, del Juzgado de lo Penal número 3 de A Coruña, también se absolvía a un ciudadano senegalés que había sido sorprendido con un centenar de películas y cedés piratas en la calle Real de A Coruña. El juez, en el fallo, explicaba que «contra la venta callejera de productos ilegales por medio de personas que solo buscan una manera de ganarse la vida, ante la imposibilidad de otros medios más adecuados, la lucha no pasa por la aplicación del derecho penal, sino por aplicar normas de orden público que impidan este tipo de ventas».