Categoría: Andalucía

La Consejería de Agricultura otorga este plazo con el fin de facilitar la adaptación tecnológica de los productores y empresarios agroalimentarios

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible aplica desde mañana, 15 de octubre, un período voluntario de seis meses para la exigencia obligatoria del Documento de Acompañamiento al Transporte (DAT) de productos agrarios y forestales en Andalucía. De esta forma, se facilita a los profesionales del sector su adaptación a la digitalización y el cumplimiento de la norma dirigida a reforzar la seguridad de los productos de la Comunidad Autónoma al incidir en el sistema de trazabilidad que ofrece información de los alimentos a lo largo de la cadena.

Con este régimen transitorio que ofrece el Gobierno regional, los andaluces dispondrán de un plazo mayor para adaptarse a un sistema de operación diferente al establecido hasta ahora y que contará con nuevas aplicaciones informáticas, que también deben poner en marcha a pleno rendimiento antes de la obligatoriedad real de la nueva medida comunitaria en la Comunidad Autónoma (15 de abril de 2020). En concreto, su aplicación responde a la exigencia legal impuesta por la Unión Europea a través de un reglamento comunitario y traspuesto a la legislación nacional y autonómica, siendo en este caso el Decreto 190/2018, de 9 de octubre, por el que se crea y regula el Registro de Explotaciones Agrarias y Forestales de Andalucía (Reafa) y el Documento de Acompañamiento al Transporte.

Las acciones formativas que está organizando la Consejería desde mayo para informar a los productores andaluces sobre las novedades que conlleva la entrada en vigor de esta reglamentación continuarán durante los meses de implantación voluntaria en Andalucía. Hasta la fecha se han desarrollado un centenar de cursos en los que han participado más de 7.000 agricultores.

Finalidad e información del DAT

El Documento de Acompañamiento al Transporte permite realizar un seguimiento completo a los alimentos al conocer su estado a lo largo de las diferentes fases de producción, transformación y distribución, fundamentales para localizar el origen de partidas concretas de productos y facilitar, de esta forma, una rápida reacción en caso de producirse alguna alerta. Además, proporciona al consumidor información sobre el proceso que atañe a los alimentos desde su producción hasta el mercado, y la opción del DAT digital ayuda a agilizar los trámites administrativos.

Por otro lado, el DAT permite a la Administración mejorar los controles que realiza de forma continuada para garantizar la seguridad de los productos agroalimentos y la legítima procedencia de las mercancías. Por tanto, el documento contribuye a la lucha contra los robos en el campo y su posterior venta ilegal.

A partir del 15 de abril de 2020, este documento deberá acompañar a los productos sin transformar obtenidos de las explotaciones agrarias, forestales y agroforestales en su traslado desde el origen hasta el lugar de almacenamiento o primer destino de comercialización. Entre la información que incluirá, se encuentra la identificación del suministrador y las principales características del producto. En concreto, ofrecerá datos sobre la calidad, la naturaleza, el origen, la composición, la finalidad, la denominación, la fecha de producción o caducidad e información del fabricante.

El consejero Javier Imbroda resalta que el Gobierno da respuesta a una demanda histórica del sector que repercutirá en la calidad del servicio

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha informado de que los presupuestos correspondientes al año 2020 contemplan la mejora de la financiación de las Escuelas del Primer Ciclo de Educación Infantil (de 0 a 3 años). Así lo ha destacado Imbroda en la presentación de las cuentas de la Junta de Andalucía en la provincia de Málaga para el próximo año.

Imbroda ha explicado que estos presupuestos incluyen el crédito suficiente para poder incrementar el precio-plaza de las escuelas infantiles en un 15% (pasará de 278,88 euros a 320,71) y el aumento de las bonificaciones para que ninguna familia en ningún caso pague «ni un céntimo más», es decir, el coste lo asume la Consejería en su totalidad.

Esta mejora, que se aplicará a partir de septiembre de 2020, da respuesta a una demanda histórica de este sector y servirá para amortiguar «la asfixia» que la congelación del precio-plaza desde 2008 ha provocado en este sector en estos 11 años, ha afirmado el consejero. Igualmente, Imbroda ha destacado que esta medida, que va a soportar la Junta «a pulmón», redundará en una mayor calidad del servicio prestado por estos centros. Ha recordado también que una de las propuestas presentadas a debate para la elaboración del nuevo decreto de escolarización es la baremación de la escolarización en la etapa 0-3 años, para seguir impulsando la incorporación temprana al sistema educativo.

Por otra parte, el titular de Educación y Deporte ha afirmado que esta iniciativa ha sido comunicada esta mañana a los representantes de la Mesa de Infantil integrada por las patronales Escuelas Infantiles Unidas, Coordinadora de Escuelas Infantiles, Escuelas Católicas, CECE y ACADE así como los sindicatos FSIE, USO, CCOO y UGT.

La Consejería de Educación y Deporte ha ofertado para este curso un total de 118.690 plazas para menores de tres años, unas 4.000 más que en el curso pasado. La red de escuelas públicas y de centros adheridos al programa está integrada por 2.024 centros.

La Educación Infantil está considerada en Andalucía como una etapa de carácter educativo y no solo asistencial, de escolarización voluntaria y organizada en dos ciclos de tres cursos cada uno. Con el fin de facilitar al máximo la compatibilidad entre vida laboral y familiar, los centros que imparten el primer ciclo de Educación Infantil ofrecen su servicio de lunes a viernes todos los días no festivos del año, excepto el mes de agosto, en horario ininterrumpido de 7.30 a 17.00 horas y, en el caso de que oferten el servicio de taller de juegos, hasta las 20.00 horas.

“No podemos admitir eliminar la presencia del municipalismo en este ente”

El presidente de Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha emplazado hoy «al Gobierno de la Junta de Andalucía a seguir contando con la experiencia de los gobiernos locales en los Consorcios de Transporte Metropolitano”, después de que el ejecutivo autonómico haya aprobado una reforma en el funcionamiento de estos entes que «prescinde de los ayuntamientos en la toma de decisiones de esos Consorcios».

Ante esta situación, Villalobos cree que sería “mucho mejor mantener al municipalismo andaluz en la mesa de toma de decisiones, con una representación adecuada para ello porque son las entidades locales las que están más pegadas al terreno y a la realidad, y eso aporta una visión estratégica a la hora de tomar decisiones”.

“En un asunto como el de la movilidad, que es a final de cuentas de lo que hablamos cuando nos referimos al transporte, es interesante contar con la voz y el voto de los que administran de cerca y a diario el ir y venir de los ciudadanos entre distintos municipios y en los cascos urbanos”, ha puntualizado el presidente de la FAMP. 

Con la modificación efectuada, la participación y relevancia de las entidades locales en los consorcios se ve mermada, con un aumento de la participación de la Administración autonómica en estos entes de gestión que le otorgan el control absoluto de los mismos, ya que con la nueva ley, la Junta pasa a disponer de un 51% del voto ponderado, cuando hasta ahora tenía el 45%. A través de una enmienda a la Ley de Presupuestos de Andalucía para 2019, los ayuntamientos y las diputaciones pierden la mayoría del 55% con la que contaban en los Consorcios de Transporte Metropolitano.

Villalobos ha apostillado que “medidas de este calado deben consensuarse mucho más entre las partes y no incluirlas adicionalmente en una Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma”.

La consejera defiende la gestión de los recursos hídricos “como un asunto de Estado” y destaca las 300 actuaciones en depuración a desarrollar en 2020

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha apostado en el Parlamento por la modernización, la reducción de la dependencia energética y el uso agrícola de las aguas regeneradas “para impulsar un regadío eficiente y sostenible” en Andalucía.

La consejera, quien ha subrayado que el riego genera 6.657 millones de euros y más de 183.000 empleos en la comunidad, ha destacado el acuerdo alcanzado en el Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea, celebrado el pasado viernes en Luxemburgo, para la reutilización de las aguas regeneradas en la agricultura y su inclusión en la directiva comunitaria que marcará el modelo de economía circular en Europa.

Crespo, quien representó a las comunidades autónomas españolas en este consejo, ha remarcado la relevancia de esta medida “que es una apuesta real por la economía circular y una alternativa para aliviar el déficit y el estrés hídrico en las zonas más secas de España”. “El uso agrícola de las aguas regeneradas garantiza el futuro de un sector clave para la economía y empleo de Andalucía, además de contribuir a frenar la desertificación en las regiones más afectadas por el cambio climático”, ha añadido, antes de recordar que, además, se ha solicitado a la UE una regulación específica “que evite cualquier duda del consumidor”.

En su comparecencia, la consejera ha asegurado que el Pacto Andaluz por el Agua situará la gestión de los recursos hídricos “en primera línea política como un asunto de Estado que requiere de consenso y participación”. A este respecto, ha apuntado que en breve arrancarán las reuniones con los sectores sociales y económicos ligados al consumo de agua, una vez que ya se ha celebrado el tercer encuentro de los grupos políticos del arco parlamentario.

Crespo ha incidido en el compromiso del Gobierno de Juanma Moreno por un regadío “más eficiente”, a través de un plan de mejoras y modernización dotado con 50 millones de euros, al tiempo que ha resaltado que, fruto de un consumo más responsable y localizado, “el agua que se destina a la agricultura ha descendido en los últimos años del 85% al 70%”.

Sequía e inundaciones

Equilibrio ha sido una de las palabras más repetidas por la consejera en la Cámara autonómica, como base de una política de aguas “con mayúsculas” que responda a situaciones tan antagónicas como son la sequía y las inundaciones registradas por la DANA a mediados de septiembre.

“Ya están en tramitación los planes de sequía que el anterior Ejecutivo no había elaborado, pese a estar contemplados en la Ley de Aguas de 2010 y, por otro lado, hemos destinado 48 millones de euros para un plan de restauración agrícola y ambiental, que dará respuesta a la limpieza de cauces que nos reclaman los agricultores tras el paso de la gota fría”, ha remarcado.

Asimismo, Crespo ha hecho hincapié en el “desaguisado” que dejó de herencia el anterior Gobierno socialista con planes hidrológicos anulados por el Tribunal Supremo “y una situación de bloqueo que estamos tratando de solucionar para dotar a Andalucía de una verdadera gestión en materia de agua”.

Depuración y abastecimiento

La consejera ha puesto el acento, en su intervención, en el plan de choque para la reactivación de obras de depuración de aguas declaradas de interés de la comunidad autónoma, lo que permitirá movilizar 400 millones de euros a lo largo del próximo trienio con cargo al canon del agua. “La depuración es una prioridad para este Gobierno y vamos a invertir el dinero que han pagado los andaluces en sus recibos del agua para ejecutar estas infraestructuras fundamentales para nuestro medio ambiente, para una mejor calidad de vida de los ciudadanos y, también, para evitar las sanciones de Europa”.

En este sentido, Crespo ha subrayado que en 2020 “habrá 300 actuaciones de depuración en marcha en Andalucía” y ha hecho hincapié en la modificación de la Ley de Aguas para permitir que el canon también financie obras de abastecimiento, como el proyecto para la Sierra Sur de Sevilla al que se destinarán 32 millones de euros.

Por último, la consejera ha afirmado que la Junta va a reclamar al Gobierno central la ejecución de proyectos fundamentales para la comunidad “desde la lealtad institucional y la colaboración entre administraciones con el objetivo de avanzar lo más rápido posible en la realización de infraestructuras pendientes”.

Así, entre otros proyectos se ha referido al trasvase de 15 hectómetros cúbicos de agua superficial para el Condado de Huelva; a la transferencia de recursos hídricos desde el embalse de Iznájar hasta la comarca de Antequera (Málaga); a las conducciones de las presas de Rules (Granada) y Siles (Jaén); y a la reactivación en Almería de la desaladora del Bajo Almanzora y a la ampliación de la capacidad de la desaladora de Carboneras, a través de un proyecto de eficiencia energética.

“Hace falta un planteamiento solidario para el agua en nuestro país y que desde las administraciones trabajemos, desde el acuerdo y no desde la confrontación, por garantizar los recursos hídricos necesarios”, ha recalcado la consejera andaluza, tras defender la importancia del trasvase Tajo-Segura “para la economía, para la agricultura y para asegurar el abastecimiento de 150.000 personas en Almería”.

La consejera andaluza y el comisario europeo han mantenido un encuentro en Luxemburgo antes del inicio del Consejo de Ministros de Medio Ambiente. Crespo destaca la implicación del presidente de la Junta, Juanma Moreno, que defenderá al sector agroalimentario el lunes en Bruselas

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha informado del encuentro que ha mantenido en Luxemburgo con el comisario de Energía y Clima, Miguel Arias Cañete, que se ha comprometido con el sector agroalimentario “a hacer todo lo posible para evitar estos aranceles” anunciados por Estados Unidos (EEUU) para productos procedentes de España y, por tanto, también de Andalucía. “Vamos a trabajar por ello y estamos todos unidos en este frente común”, ha aseverado Crespo, que apunta la ineficacia que tendrían medidas unilaterales frente a Estados Unidos y, por tanto, recalca la necesidad de implicar a las instituciones europeas.

Carmen Crespo, que participa hoy en el Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea, ha recalcado que la Junta de Andalucía está “preocupada” por la posibilidad de que se impongan nuevos aranceles a las exportaciones andaluzas a Estados Unidos (EEUU) pero, al mismo tiempo, “también estamos trabajando en ello”. Al respecto, ha puesto en valor la implicación del propio presidente del Gobierno autonómico, Juanma Moreno, que “en nombre de todos los andaluces, va a defender al sector el próximo lunes en Bruselas y, además, trabajará conjuntamente con la Comisión Europea en los informes de impacto que sean necesarios”.

Los impuestos anunciados por la Administración de Donald Trump afectarán, entre otros sectores económicos andaluces, a los productores de alimentos y bebidas como, por ejemplo, el vino y el aceite de oliva. Además, los nuevos aranceles se sumarían a los anteriormente fijados para la aceituna negra de mesa, unos impuestos que ya son injustos y desproporcionados. Entre otras actuaciones puesta ya en marcha por el Gobierno autonómico, desde Andalucía se está elaborando un estudio sobre el impacto en el sector agroalimentario del territorio de esta nueva amenaza norteamericana.

Exportaciones agroalimentarias andaluzas

Andalucía ha exportado alimentos y bebidas a Estados Unidos por valor de 435,8 millones de euros durante los siete primeros meses de 2019, destacando especialmente las ventas de aceite de oliva (216,6 millones de euros) y de aceitunas preparadas (89,3 millones de euros). Atendiendo al último año completo, en 2018 la Comunidad Autónoma andaluza destinó en el mercado estadounidense productos agroalimentarios valorados en 678,8 millones de euros).

Por productos, el aceite de oliva virgen extra encabeza el listado de alimentos exportados al mercado estadounidense de enero a julio de este año con ventas por 137,8 millones de euros; destacan también las ventas de pulpo (11,7 millones de euros) y de almendras frescas o secas (7,7 millones de euros).

El presidente de la FAMP pide que todas las Administraciones Públicas, el sector agroindustrial y la Unión Europea “remen en la misma dirección” para salvar al mundo rural

El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) Fernando Rodríguez Villalobos, ha considerado “lesivos e intolerables” los nuevos aranceles que Estados Unidos impondrá a una serie de productos agrarios españoles, entre ellos el aceite de oliva, a partir del 18 de octubre. Estos aranceles irán del 10 al 25% en algunos casos.  El Ejecutivo de Trump no ha tardado en poner en práctica el fallo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y ha dado un paso más en su enfrentamiento con la Unión Europea. Un enfrentamiento que perjudica gravemente a la economía de cientos de municipios andaluces, lo que pone “en serio riesgo” la agroindustria y el mundo rural.

Villalobos ha afirmado que “es un nuevo varapalo”para un sector, el del AOVE, que es el segundo en exportaciones en Sevilla, tras la aeronáutica, que también se verá afectada en esta última oleada de aranceles. “Ya teníamos la mala experiencia de lo que venía aconteciendo con la aceituna negra, pero ahora los aranceles al AOVE son un nuevo jarro de agua fría para nuestro sector agroalimentario”. “Es un anuncio que hará resentir nuestras exportaciones y, ante el cual, debemos volver a hacer bloque entre la UE, el Gobierno de España, la Junta y las corporaciones locales andaluzas. Pero no nos engañemos, es la UE la que puede frenar esto y plantar cara en esta guerra comercial peligrosa y nada beneficiosa para ninguna de las partes”, ha argumentado el presidente de la FAMP y de la Diputación de Sevilla.

Villalobos también ha mostrado su “preocupación por el sector del vino, “porque nada podría quedar fuera de este fuego cruzado. Habrá que estar atentos a próximos acontecimientos”. En clave de exportaciones y para calibrar la repercusión de estos aranceles, basta decir que Sevilla es ya la segunda provincia andaluza, solo por detrás de Almería, en exportaciones agroalimentarias en el primer semestre de 2019.

En cifras, registramos ventas al extranjero por valor de 1.382 millones de euros; lo que equivale al 21,4% del total andaluz. La agroindustria es un sector potente en la economía andaluza con una calidad y excelencia reconocida de sus productos. Las ventas de aceituna negra a EEUU han caído un 50% desde las medidas arancelarias de Trump y, con el aceite, podríamos estar hablando de una debacle aún mayor en cuantía económica.

Casi la mitad de las aceitunas negras de mesa que habitualmente se vendían en Estados Unidos se quedaron esperando comprador en el primer trimestre de 2019. Las empresas productoras y distribuidoras, ubicadas en Sevilla y Córdoba, pasaron de vender 6,9 millones a 4 millones de kilos de este tipo de aceituna por culpa de los nuevos aranceles. Las pérdidas económicas se han estimado entre 6 y 7 millones de euros.

Según calcula la organización agraria COAG Andalucía la subida de los aranceles anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a las importaciones de vino, aceite, aceitunas y quesos de la Unión Europea impactará sobre un volumen de exportaciones andaluzas aproximado de 600 millones de euros. En el caso de España, el aceite de oliva se verá especialmente afectado, porque además las sanciones excluyen al aceite italiano, con lo cual el daño será mucho mayor para los productores y el campo andaluz.

Villalobos ha dejado claro que se está cuestionando las bases de la Política Agraria Común (PAC) en esta guerra comercial porque “el conflicto de intereses entre Europa y EE.UU ya está afectando a la economía de nuestros pueblos. Es inconcebible que en un mundo global se piense en un proteccionismo comercial más propio del siglo XIX”, ha argumentado el presidente de la FAMP quien ha pedido que “todas las Administraciones Públicas, el sector agroindustrial y la Unión Europea remen en la misma dirección porque en ello nos va el presente y el futuro de la PAC, de nuestra agricultura, industria transformadora e incluso de nuestros pueblos”.